Justicia impone prisión preventiva y condenas por homicidios y robos

Fiscalías logran medidas cautelares y condenas en casos de violencia en Los Ríos y Montecristi

La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo tres meses de prisión preventiva contra Jeiseel Díaz Payano (alias Chino o Chinito) y Franklin Joshua Pineda (alias El Pillo o Pollo), acusados del asesinato de Ezequiel De León Fajardo, un vigilante del residencial Colinas del Seminario en Los Ríos. 

El juez Rigoberto Sena ordenó que la medida se cumpla en el Centro Penitenciario de La Victoria, tras encontrar evidencias que los vinculan con el crimen ocurrido el 30 de enero.

Los imputados, junto a Manuel Enrique Carela Taveras (quien ya enfrenta medidas de coerción) y un prófugo identificado como Enyel, planificaron robarle el arma a la víctima. De León se rindió, Jeiseel Díaz Payano le disparó dos veces, causándole la muerte. 

Posteriormente, los acusados robaron a César Ismael Encarnación Mateo, sustrayéndole dos celulares y RD$10,000.

El 7 de febrero de 2025, los imputados fueron arrestados gracias a una orden judicial emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

 Además, el 8 de febrero, Yeury Isaac Rodríguez Feliz entregó voluntariamente una pistola calibre 9mm, que se presume fue utilizada en el crimen.

Fiscalía de Montecristi impone condenas por homicidio y robo en vivienda

En otro caso, la Fiscalía de Montecristi logró condenas de 30 y 20 años de prisión contra Guegue Joseph (ciudadano haitiano) y José Luis Vargas (dominicano), respectivamente, por el asesinato de Juan Carlos Díaz durante un robo en su vivienda en la sección Copey, municipio Pepillo Salcedo, el 2 de diciembre de 2023. 

Los acusados fueron declarados culpables de violar los artículos 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano.

Los hoy condenados ingresaron a la vivienda de Díaz con la intención de robar y le dispararon, causándole la muerte. 

En el lugar, sustrajeron dos celulares. El tribunal, integrado por los jueces Mercedes Reyes, Ranciel Castillo y Ana Virginia Socías, determinó que las penas se cumplan en la cárcel pública San Fernando.

El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Yohanny Herrera (investigadora), Yelissa Cabrera e Ibelca Castillo (litigantes), quienes demostraron la culpabilidad de los acusados.