Reafirman condena de 15 años a violador en serie

Acusado aprovechaba la confianza de sus víctimas para atacarlas

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste confirmó la condena de 15 años de prisión para Braulio Calcaño Uribe, hallado culpable de cometer delitos sexuales contra cinco mujeres en hechos ocurridos en diferentes momentos. 

El veredicto reafirma la sentencia inicial, tras un segundo juicio motivado por la apelación presentada por la defensa del acusado.

Generaba confianza antes de atacar

Según el expediente, Calcaño Uribe establecía contacto con sus víctimas en lugares de diversión, principalmente en Santo Domingo Oeste y la Zona Colonial. 

Todas las mujeres coincidieron en que el acusado se ofrecía amablemente a llevarlas a sus casas, pero en el trayecto las amenazaba con un arma de fuego y cometía las agresiones.

Una de las víctimas relató cómo fue atacada dentro de su propia residencia. “Apuntándome con un arma, me obligó a quitarme la ropa y me violó, sin importarle que mis hijos estaban en la casa", testificó.

Pruebas y testimonios sustentaron la decisión del tribunal

La Fiscalía, representada por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Andry de los Santos, presentó contundentes pruebas y testimonios que llevaron al tribunal, presidido por el juez Julio de los Santos Morlán e integrado por las juezas Leonarda Quezada Belén y Clara Rivera Franco, a ratificar la condena.

El condenado fue hallado culpable de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que tipifican la violación y la agresión sexual. 

Según la procuradora fiscal Ofil Feliz Campusano, dos de las víctimas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales a punta de pistola, mientras que las otras tres denunciaron agresiones sexuales bajo amenazas de muerte.

Continuará en prisión y deberá cumplir su condena en la victoria

Braulio Calcaño Uribe deberá seguir cumpliendo su condena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria. 

Este caso subraya la importancia de la actuación de la Fiscalía en la protección de los derechos de las víctimas y el castigo de los delitos sexuales, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la justicia para las mujeres afectadas.