Ratifican 30 años de prisión a fabricante de bebida letal

El condenado produjo y comercializó el trago Monday’s, que causó cuatro muertes.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo Oeste ratificó este lunes la condena de 30 años de prisión contra Carlos Alberto Pérez Almonte, responsable de la fabricación y comercialización de la bebida adulterada conocida como Monday’s, que provocó la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras siete en 2021.

El tribunal, presidido por el procurador de Corte de Apelación Elpidio Collado, confirmó la sentencia inicial solicitada por el Ministerio Público, ordenando que Pérez Almonte continúe cumpliendo la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.

Fabricación ilegal y consecuencias fatales

La investigación realizada por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste reveló que Pérez Almonte producía la bebida de manera clandestina, sin cumplir con los estándares de calidad ni obtener las licencias correspondientes del Ministerio de Salud Pública. Según el expediente, la falta de regulación en el proceso de fabricación fue determinante en las consecuencias mortales del producto.

Entre las víctimas fatales figuran María Magdalena Montero Canario, Dennis Montero, Jennifer Ramírez Montero y Ruth Esther Ortega Ramírez. Además, otras siete personas, incluyendo Josefina Suero y Anyery Altagracia Alejo Sánchez, sufrieron graves síntomas de intoxicación tras consumir la bebida.

Violaciones legales confirmadas

El tribunal sustentó la condena en las violaciones a la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 17-19, que penaliza el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. Asimismo, se aplicaron los artículos 301 y 302 del Código Penal Dominicano, relacionados con delitos contra la vida y la salud.

La ratificación de la sentencia es un precedente en la lucha contra la fabricación y comercialización de productos adulterados en el país. “Esta decisión refuerza el compromiso del sistema judicial con la protección de la salud pública y el combate al comercio ilícito de productos peligrosos”, destacó el procurador Elpidio Collado.