La República Dominicana refuerza su política protección de datos judiciales

Suprema Corte se compromete con privacidad y transparencia en sentencias

Santo Domingo.- La Suprema Corte de Justicia y los tribunales de la República Dominicana han implementado una política radical para la protección de datos personales en todos sus procedimientos judiciales. Esta normativa impacta no solo a jueces y abogados, sino también a las partes involucradas, testigos y peritos. 

La Suprema asegura que los datos de los grupos citados estarán protegidos bajo el artículo 44.2 de la Constitución, la Ley No. 172-13 de Protección de Datos Personales, y los tratados internacionales suscritos por el país.

Privacidad versus transparencia: un delicado equilibrio

La nueva política tiene como objetivo garantizar un uso seguro, adecuado y proporcional de la información personal en el sistema judicial. Esto significa que, en la medida de lo posible, se procederá a la anonimización de nombres y detalles sensibles, priorizando el derecho a la intimidad de los ciudadanos sin comprometer la transparencia judicial.

Principios rectores:

• Datos mínimos: Solo se recopilarán y utilizarán los datos estrictamente necesarios para cada caso.
• Anonimización obligatoria: Cuando sea viable, se eliminarán nombres y otros identificadores personales para proteger la identidad de los involucrados.
• Responsabilidad: Todos los departamentos judiciales deben asegurarse de cumplir rigurosamente con las normativas de protección de datos.

Aplicación estricta en todos los tribunales del país

Esta política es de aplicación obligatoria en la Suprema Corte de Justicia y en todos los tribunales de la República, regulando tanto la publicación de sentencias como otros documentos públicos. Se ha establecido que la Secretaría General de la Suprema Corte será la encargada de la anonimización en las decisiones que emitan, mientras que las secretarías de los tribunales locales asumirán esa función en sus respectivas jurisdicciones.

Criterios claros para la disociación de datos

La norma establece que todos los datos que puedan identificar a una persona física serán disociados, salvo algunas excepciones, como los nombres de jueces, fiscales, y abogados, así como la información relativa a personas jurídicas. 

Los datos económicos, de salud y otros detalles sensibles estarán sujetos a protección adicional, siguiendo lineamientos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Compromiso con la protección de derechos humanos

De acuerdo con esta política, el Poder Judicial dominicano busca ser un ejemplo en el respeto a la privacidad, sin dejar de lado su compromiso con la transparencia y el acceso a la información. La iniciativa refuerza la confianza pública en un sistema judicial que vela por los derechos fundamentales, equilibrando la intimidad de los ciudadanos con el derecho a la información pública.

Este enfoque renovado no solo busca proteger a los ciudadanos, sino también fortalecer la confianza en el sistema judicial, demostrando que la justicia puede ser transparente sin comprometer la privacidad de quienes confían en sus procedimientos.