Mujer enfrenta cargos graves por explotación de colombianas

Luisa González esta implicadas en la red criminal desmantelada durante la Operación El Círculo

Puerto Plata, R.D. – El Juzgado de Atención Permanente de Puerto Plata ha impuesto un año de prisión preventiva a Luisa Fernanda González Contreras, señalada como una de las principales implicadas en una red criminal desmantelada durante la Operación El Círculo. Esta red se dedicaba a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres colombianas en la República Dominicana.

El juez Romaldy Marcelino Henríquez declaró el caso de tramitación compleja, acogiendo en su totalidad la solicitud del Ministerio Público, liderado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), bajo la dirección de la procuradora Yoanna Bejarán, y con el apoyo de la Fiscalía de Puerto Plata, encabezada por el fiscal Kelmi Duncan.

Una red que operaba con total impunidad

Las investigaciones, a cargo de las fiscales Carmen Daynisa Rosario Pascual y Patricia Lagombra Polanco, han revelado la brutal operatividad de esta red que explotaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, con el fin de lucrarse mediante la explotación sexual. 

Según el Ministerio Público, González Contreras era la encargada de captar y trasladar a las víctimas, abusando de su situación para someterlas a condiciones inhumanas.

“Este caso es una muestra clara de la grave violación a los derechos humanos que sufren estas mujeres, y la amenaza que representan estas redes criminales para nuestra sociedad”, señaló el fiscal Marcos Wilkins Díaz durante la audiencia.

Amplia red de colaboración para desmantelar el crimen

La exitosa operación fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias, incluyendo la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, la Policía Preventiva de Puerto Plata y la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB).

González Contreras enfrenta graves cargos que incluyen la violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el artículo 309 del Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.