PLD lanza alerta por designación de Carlos Pimentel en Alianzas Público-Privadas

Denuncia violaciones fundamentales: pone en jaque la legalidad y la eficacia pública

Santo Domingo.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha alzado la voz ante la reciente designación de Carlos Pimentel como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señalando que esta medida representa una grave violación a la Constitución y a diversas leyes del país. 

Así lo expresó el Secretario General del PLD, Charles Mariotti, en un comunicado de prensa enviado a DiarioDigitalRD.  Subraya que esta decisión no solo es ilegal, sino que también amenaza el equilibrio necesario en los sistemas de control de la administración pública.

Según el PLD, la designación de Pimentel transgrede el artículo 144 de la Carta Magna, que prohíbe a los funcionarios desempeñar más de un cargo remunerado al mismo tiempo, salvo en el ámbito docente. 

Asimismo, contraviene la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, que establecen que quienes ocupan estos cargos no pueden tener otras responsabilidades en el gobierno.

Mariotti ha argumentado que permitir que una misma persona asuma múltiples roles en instituciones críticas perjudica la eficacia y eficiencia del servicio público

Mariotti ha argumentado que permitir que una misma persona asuma múltiples roles en instituciones críticas perjudica la eficacia y eficiencia del servicio público, creando un riesgo inaceptable al concentrar poder en un solo individuo. 

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Indica que esta dualidad de funciones, señala, convierte a Pimentel en "juez y parte", socavando la integridad de los mecanismos de control.

El PLD criticó la falta de talento gerencial en el actual gobierno, advirtiendo que el precedente de la dualidad de responsabilidades ha sido una lección no aprendida, haciendo eco de situaciones anteriores como las del 911 y el INTRANT. 

Para el PLD, la situación exige una reflexión urgente sobre la administración pública y el respeto a las normas que rigen el funcionamiento del Estado.