Exigen rendición de cuentas por civiles muertos a manos de la Policía

54 víctimas en lo que va del año desatan ola de cuestionamientos públicos

Santo Domingo.-El Defensor del Pueblo ha lanzado una advertencia: la Dirección Nacional de la Policía de República Dominicana debe explicar las muertes de 54 civiles este año en supuestos "intercambios de disparos" con agentes policiales. 

Pablo Ulloa exige un informe detallado que aclare cuántas investigaciones ha realizado la Dirección de Asuntos Internos sobre el uso excesivo de la fuerza y cuántos policías han sido sometidos a la justicia por estos abusos.

En una carta directa a la Policía, Ulloa destacó el caso más reciente de brutalidad: el asesinato de un adolescente de 17 años en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata. El joven fue abatido el 25 de septiembre por un agente que lo confundió con un delincuente buscado, terminando con una bala que le quitó la vida tras una persecución absurda y fatal. 

Dijo que esta muerte no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia de violencia policial que ha dejado más de 50 víctimas civiles en lo que va del año.

Los medios de comunicación han difundido esta trágica noticia, acelerando el debate público sobre el abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del orden. 

Según Ulloa, la velocidad con la que estos incidentes son reportados genera dudas razonables sobre si la Policía está actuando de acuerdo con los principios de proporcionalidad establecidos por la ley.

El Defensor del Pueblo recordó que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional exige que el uso de la fuerza sea proporcional y utilizado solo como último recurso, en conformidad con la Constitución y las leyes vigentes. 

Este principio, sin embargo, parece ser una sombra lejana en la práctica diaria de las fuerzas del orden, ya que las cifras de muertos crecen sin un escrutinio efectivo.

Ulloa hizo un llamado firme para que la Dirección de Asuntos Internos asuma su responsabilidad de investigar a fondo las inconductas de los policías, determinando si estos están actuando dentro del marco legal o si, por el contrario, están abusando de su poder y ejecutando a civiles bajo la excusa de enfrentamientos.