Tras acuerdos con MP dos empresas acuerdan pagar RD$40.0 millones

Ambas empresas están acusadas en expediente por corrupción de Operación Coral.

SANTO DOMINGO (República Dominicana). El Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con los representantes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., ambas implicadas en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Coral. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la disolución de estas empresas, la clausura de sus locales y el decomiso de sus bienes. Además, cada empresa deberá pagar una multa equivalente a tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones al Estado dominicano.

Jonathan Pérez Fulcar, fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que los representantes de las empresas actuaron como “prestanombres” del coronel Rafael Núñez de Aza y de la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, los verdaderos dueños de las sociedades comerciales involucradas.

Según Pérez Fulcar, los prestanombres eran un pintor de Santo Domingo Oeste y una joven estudiante que trabajaba en la casa de Rodríguez, y quienes no tenían el perfil económico ni el conocimiento necesario para manejar dichas operaciones.

El abogado del Estado dominicano, José Alberto Ortiz, indicó que los gerentes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. testificarán a favor del Ministerio Público y en la demanda civil en curso.

Estas dos empresas son parte de las cuatro que fueron separadas del expediente de la Operación Coral, y están acusadas de desfalcar al Estado con aproximadamente RD$360 millones a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

La jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL por no comparecer a la audiencia, a pesar de haber sido citados sus representantes.

Sobre el proceso

La Operación Coral y Coral 5G ha revelado un entramado de corrupción que movió más de RD$4,500 millones y adquirió bienes por más de RD$2 mil millones entre 2012 y 2020. Los acusados, que incluyen a 30 personas físicas y 18 jurídicas, desviaron fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los implicados se encuentran el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Julio Camilo de los Santos Viola, Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez De Aza, el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (conocida como “la Pastora”), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de Rossy Guzmán), y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Otros acusados incluyen al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

El juicio ha sido pospuesto en varias ocasiones debido a la ausencia de acusados y sus representantes legales. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha programado la próxima audiencia para el jueves 6 de junio a las 9:00 de la mañana.