Alertan despojan al MP de sus funciones para dárselas a policías y guardias

Un ex procurador fiscal advierte sobre las implicaciones de la política criminal del Gobierno

SANTO DOMINGO.-El ex procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, ha expresado su preocupación sobre el desplazamiento de funciones del Ministerio Público en la implementación de la política criminal gubernamental, calificándola como un fracaso. 

En su análisis, Hernández Peguero destaca el riesgo de trasladar las responsabilidades del Ministerio Público a las fuerzas policiales y de seguridad.

Sostiene que la labor de investigación y persecución de infractores es una tarea técnica que requiere la autoridad y supervisión del Ministerio Público, y no de las fuerzas policiales.

Advierte sobre el peligro de la corrupción resultante de permitir que policías y guardias asuman estas funciones, señalando que no hay negocio más lucrativo que la corrupción derivada de la persecución del infractor por parte de estas entidades.

Hernández Peguero alerta sobre las consecuencias negativas de despojar al Ministerio Público de sus funciones y autoridad, y aboga por preservar su rol constitucional en la administración de justicia y la lucha contra la corrupción.

El ex fiscal critica la pérdida de primacía y autoridad moral del Ministerio Público en la determinación de las acciones prioritarias para abordar la conflictividad, la violencia y la inseguridad ciudadana. 

Además, lamenta la restricción del Ministerio Público a la persecución selectiva de casos de corrupción gubernamental, en detrimento de su rol constitucional más amplio.

En cuanto a la administración de bienes incautados, Hernández Peguero advierte sobre las implicaciones de transferir esta responsabilidad a entidades gubernamentales, argumentando que el fiscal debe ser el garante de la custodia y presentación de estos bienes ante el juez.

Por último, critica la creación del Ministerio de Justicia y el posible traspaso de recintos carcelarios a entidades gubernamentales, atribuyendo la situación carcelaria a deficiencias y falta de recursos, no al Ministerio Público.