López Obrador considera que Poder Judicial de México está al servicio de la delincuencia de "cuello blanco"

El mandatario mexicano defiende reforma judicial en México: Entre la transformación y el regreso de "Los de antes"

MADRID, 12 de febrero. En una declaración que ha levantado polvo tanto dentro como fuera de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la necesidad de una reforma profunda del Poder Judicial, presentando un paquete de hasta 20 propuestas de cambio constitucional. El mandatario sostiene que el sistema judicial actual favorece a la "delincuencia de cuello blanco", según reporta el diario 'La Jornada'.

Durante su habitual conferencia matutina, López Obrador enfatizó la urgencia de estas reformas para combatir problemas estructurales en la justicia mexicana. Entre las propuestas más destacadas figura la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que el presidente considera vital para depurar la vida pública de elitismos y acercar la política a la ciudadanía.

Este conjunto de reformas, que también incluye modificaciones significativas en el ámbito electoral, en la composición del Congreso y en el sistema de pensiones, busca, según el presidente, "devolver la grandeza" a la Constitución mexicana. Además, promete fortalecer los derechos a la salud, educación, vivienda, y reconocimiento de los pueblos indígenas, entre otros.

El debate se intensifica al aproximarse las elecciones de junio, que López Obrador describe como un "plebiscito" sobre el futuro del país: continuar con la transformación iniciada por su administración o retornar a las prácticas del pasado marcadas por la corrupción. Con esta maniobra, el presidente desafía a la oposición y confía en la decisión del pueblo mexicano para seguir adelante con su proyecto de nación.

Esta reforma judicial se presenta como un tema divisivo, que pone en juego la independencia del poder judicial frente a la voluntad popular y la visión de un gobierno que busca reformar el país desde sus cimientos. La comunidad internacional y los actores políticos internos estarán observando de cerca las repercusiones de estas propuestas en la democracia y el estado de derecho en México.