Suspendido el contrato suscrito por el Intrant para instalación de red de semáforos

La DGCP estableció que las irregularidades en proceso de licitación conducen a medida cautelar.

Santo Domingo, República Dominicana – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendio el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore LATAM, S.R.L, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica en el Gran Santo Domingo. Esta medida cautelar se debe a indicios de irregularidades en el proceso de licitación relacionado con el contrato.

La DGCP emitió la resolución RIC-156-2023 el 27 de octubre, y esta resolución se encuentra disponible para su consulta en el portal institucional de la DGCP. Según la institución, se llevaron a cabo investigaciones y análisis de los documentos relacionados con el procedimiento de licitación, así como reclamos y denuncias presentadas ante la DGCP.

Se encontraron tres elementos que justificaron la adopción de esta medida cautelar de oficio. Como resultado, se suspendieron los efectos del contrato número DJ-CSB-009-2023, que tenía un valor de RD$1,317 millones 350 mil 997. Este contrato estaba destinado a la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

La DGCP señaló que, según las denuncias de irregularidades presentadas, la oferta técnica de la empresa adjudicataria contenía documentos en inglés sin traducciones adecuadas. Además, a pesar de afirmar tener 19 años de experiencia en contratos similares, el registro mercantil de la empresa contratista acredita que se constituyó en 2022.

También se encontraron problemas con las certificaciones presentadas en la oferta técnica, ya que no se pudo determinar con certeza que se refirieran a Transcore Latam, S.R.L.

La DGCP justificó esta decisión como una medida para evitar posibles daños irreversibles y para garantizar el interés general, el uso eficiente de los fondos públicos y el respeto de los principios que rigen las contrataciones públicas.