Consultora McKinsey obligada a pagar suma millonaria por asesorar ventas de opiáceos en USA.
La participación de McKinsey se relaciona con su labor de análisis de ventas y marketing a fabricantes de opiáceos, como Purdue Pharma y Johnson & Johnson.
La consultora McKinsey & Co. acordará el pago de una suma de 230 millones de dólares (218,1 millones de euros) como respuesta a las demandas presentadas en relación con su asesoramiento a empresas farmacéuticas para aumentar las ventas de opiáceos en Estados Unidos.
Este acuerdo eleva el total de pagos destinados a resolver posibles litigios relacionados con su papel indirecto en la crisis sociosanitaria en los Estados Unidos a más de 870 millones de dólares (825 millones de euros).
Además de esta nueva suma, la empresa ya había llegado a acuerdos en febrero y marzo de 2021 por un total de aproximadamente 641,5 millones de dólares (608,3 millones de euros).
La ratificación de este pacto con varias entidades gubernamentales a nivel local y regional está pendiente y se espera que se lleve a cabo en los próximos meses a través de un tribunal, reseña Europa Press.
Además de este acuerdo, McKinsey también ha llegado a un acuerdo con tribus nativas americanas relacionado con el mismo asunto y ha establecido un principio de acuerdo con terceras partes, como las responsables de cubrir los gastos médicos de sus pacientes. Sin embargo, la empresa no ha divulgado los posibles costos asociados a estos acuerdos.
McKinsey ha reconocido que, aunque su asesoramiento a fabricantes de opioides fue legal, no cumplió con sus estándares comerciales internos
La participación de McKinsey en la crisis de los opiáceos se relaciona con su labor de análisis de ventas y marketing proporcionada a fabricantes de estos medicamentos, como Purdue Pharma y Johnson & Johnson.
Entre las alegaciones presentadas en la demanda se incluye el hecho de que McKinsey recomendó a Purdue que sus representantes de ventas contactaran a médicos con un historial extenso en la prescripción de opiáceos.
McKinsey ha reconocido que, aunque su asesoramiento a fabricantes de opioides fue legal, no cumplió con sus estándares comerciales internos. La consultora dejó de brindar asesoramiento a este sector hace más de cuatro años y reforzó su política de selección de clientes.
En un comunicado, la firma afirmó: "Como hemos declarado anteriormente, seguimos creyendo que nuestro trabajo en el pasado fue legal y negamos las alegaciones en sentido contrario".
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