Experto en Seguridad Social avala compra de acciones en Cesar Iglesias, S.A. 

Arismendi Díaz Santana respalda las explicaciones de SIPEN y la Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión

SANTO DOMINGO – El economista y experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana, ha valorado positivamente las aclaraciones proporcionadas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión, en relación con la compra de acciones en la empresa Cesar Iglesias, S.A. Según Díaz Santana, estas precisiones han disipado las dudas sobre la legalidad y el fundamento técnico de la operación.

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Díaz Santana, quien fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, afirmó que ahora existe una mayor claridad de que esta operación está en línea con las disposiciones de la Ley 87-01 de Seguridad Social. Esta declaración llega después de que la compra de acciones generara cuestionamientos en algunos sectores de opinión.

El experto destacó que las aclaraciones de SIPEN, en colaboración con la Comisión Clasificadora de Riesgos y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, confirman que la compra de acciones de Cesar Iglesias cumple con el mandato legal de las AFP de diversificar la cartera de inversión del patrimonio de los trabajadores dominicanos.

Díaz Santana subrayó que se ha demostrado que la decisión fue sometida previamente a un análisis técnico-financiero por parte del Comité Técnico de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. Además, se evaluaron aspectos como la situación financiera de Cesar Iglesias, su historial de desempeño, perspectivas de crecimiento y calidad crediticia, entre otros.

Según las declaraciones de estas entidades, también se tuvo en cuenta la clasificación de riesgo doble AA otorgada a Cesar Iglesias por Fitch Ratings Dominicana y Feller Rate Dominicana, dos empresas calificadoras de riesgo independientes.

Díaz Santana concluyó que después de estas explicaciones, está claro que la decisión cumple con lo establecido en la Ley 87-01 y sus normas complementarias. Además, destacó la importancia de una supervisión rigurosa por parte de las autoridades y el monitoreo constante por parte de la sociedad civil para garantizar beneficios y tranquilidad a los afiliados del sistema de pensiones.