Manifestantes en Guatemala exigen la renuncia de altos cargos del Ministerio Público tras acusaciones
Más de 100,000 firmas presentadas en medio de acusaciones y rechazo del Ministerio Público
Un grupo de manifestantes en Guatemala se ha congregado frente al Ministerio Público para presentar un documento con más de 100,000 firmas, exigiendo la renuncia de la fiscal general del país, María Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.
- Las acusaciones públicas realizadas por Bernardo Arévalo han llevado a estos manifestantes a demandar la dimisión de altos cargos del Ministerio Público, citando la falta de honorabilidad, profesionalismo y objetividad en su desempeño. Los congregados han destacado el incumplimiento de sus funciones y labores, así como el cuestionamiento a los resultados y transparencia de su trabajo.
El Ministerio Público de Guatemala ha rechazado contundentemente las acusaciones presentadas por el presidente electo, Bernardo Arévalo. Denunciando las "campañas de desinformación", el Ministerio ha afirmado que su actuar se basa en los principios de legalidad, derecho de defensa, debido proceso y presunción de inocencia. Además, han asegurado que durante el proceso electoral 2023 han atendido más de mil denuncias relacionadas con delitos electorales y se han comprometido a investigar con ética, imparcialidad y responsabilidad.
Arévalo ha denunciado un "golpe de Estado en curso" por parte de "una mafia política enquistada en las instituciones del Estado". Asegura que estas acciones constituyen un intento de violar la justicia y la voluntad popular expresada en las urnas. A pesar de los resultados electorales que le otorgan la victoria con más del 60,9% de los votos, Arévalo acusa a políticos y funcionarios corruptos de obstaculizar la transición de poder.
La situación en Guatemala sigue siendo tensa mientras los manifestantes exigen respuestas y el Ministerio Público defiende su actuación, resaltando su autonomía e insistiendo en la búsqueda de la verdad y la preservación del Estado de Derecho en el país.
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