El TPI emite una orden de arresto contra Putin; Rusia ve ilegalidad 

Lo acusa por la deportación forzada de niños ucranianos

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.

La corte entiende "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

Rusia se desentiende de la orden de arresto del TPI contra Putin al considerarla "legalmente nula"

El Gobierno ruso ha anunciado que se desentiende por completo de la orden de arresto emitida este viernes por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente del país, Vladimir Putin, al entender que se trata de una instrucción "legalmente nula" dado que el país no reconoce a la corte.

"Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo", ha recordado la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, en declaraciones publicadas en el canal de Telegram de la cartera.

Dado que el país se retiró del mencionado estatuto en 2016 — sobre un texto que firmó, pero nunca ratificó –, "Rusia no coopera con este organismo y cualquier posible 'orden' de arresto que proceda de esa corte es legalmente nula y carece de valor", ha sentenciado la portavoz.

El TPI ha emitido la orden contra Putin bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

La corte entiende "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".