Diputado afirma PARLACEN no protege a expresidentes acusados de corrupción

El diputado Ramón Emilio Goris explica que el foro regional tiene sus reglas y procedimientos para despojar de la inmunidad parlamentaria a sus miembros

SANTO DOMINGO.- El diputado ante el Parlamento Centroamericano, Ramón Emilio Goris, declaró que ese foro regional “no protege ni protegerá” a los expresidentes y exfuncionarios de los Estados miembros que se han juramentado en esa entidad y que son acusados de corrupción administrativa en sus respectivos países.

Goris explicó que el PARLACEN tiene sus reglas y procedimientos para actuar y tomar sus decisiones cuando ocurren estas acusaciones de supuestas irregularidades atribuidas a diputados que ocuparon funciones públicas.

En ese sentido, dijo que ese órgano no protege al expresidente dominicano Danilo Medina ni tampoco a los exmandatarios Juan Orlando Hernández,  de  Honduras; Ricardo Martinelli, de Panamá, “ni a ningún funcionario que se haya juramentado como diputado del PARLACEN”.

Manifestó que ese foro regional es respetuoso de la soberanía de los países, “de manera que si un expresidente es procesado y encontrado culpable de hechos punibles, entonces el PARLACEN conoce el caso y si corresponde, aplica los procedimientos para despojarlo de la inmunidad parlamentaria  para que la justicia actúe en consecuencia”.

El también presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) defendió el rol que viene jugando ese órgano de representación política en beneficio de la integración Centroamericana y de la República  Dominicana.

“Los expresidentes y exfuncionarios de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que se han juramentado como diputado del PARLACEN  no son ni serán protegidos por este órgano político regional”, insistió.

Goris dijo que esa entidad defiende la transparencia, la ética y la moral  en la función pública.

El presidente del PHD y diputado expresó su defensa al Parlamento Centroamericano, al que definió como “muy necesario  para la legislación económica y de derecho comunitario en los países de  Panamá, Guatemala, Salvador, Honduras, Guatemala y República dominicana”.