La Corte de Nueva York prohíbe a un destacado arrendador desarrollar actividades inmobiliaria

Raphael Toledano violó acuerdo con la Oficina del Fiscal General para terminar con el acoso de inquilinos y las prácticas comerciales ilegales

La Corte Suprema de Nueva York emitió una orden prohibiendo durante al menos cinco años a un destacado arrendador participar en cualquier actividad inmobiliaria en este estado. 

Esta decisión se produce después de que Toledano violara repetidamente un acuerdo de 2019 con la Oficina del Fiscal General (OAG) que le exigía dejar de acosar a los inquilinos de la ciudad de Nueva York y dejar de participar en prácticas inmobiliarias ilegales y depredadoras.

“Los inquilinos de Nueva York pueden respirar más tranquilos sabiendo que Rafi Toledano ya no está en el negocio de bienes raíces”. “A través de sus acciones engañosas e ilegales, Toledano causó un dolor y sufrimiento increíble a cientos de familias vulnerables, que aún hoy sienten los efectos de su acoso" dijo la Fiscal General Letitia James.

La investigación original del Fiscal General James estableció que Toledano se involucró en un patrón de conducta fraudulenta e ilegal a lo largo de su trabajo como propietario y desarrollador de bienes raíces. Toledano hostigó a los inquilinos en East Village a través de compras coercitivas y prácticas de construcción ilegales, y no proporcionó a sus inquilinos con renta regulada los servicios públicos, las reparaciones y otros servicios necesarios. 

Indica un comunicado que Toledano también incurrió en prácticas comerciales engañosas en sus transacciones inmobiliarias, incluida la presentación falsa y persistente de sí mismo como abogado y la publicidad de apartamentos de tres o cuatro habitaciones, cuando legalmente el apartamento solo podía tener una o dos habitaciones.

Según los términos de la Orden de Consentimiento de 2019 (estipulación y sentencia) negociada por el Fiscal General James, se ordenó que el negocio de bienes raíces de Toledano fuera supervisado por un monitor independiente para garantizar que Toledano dejara de cometer fraude y hostigamiento de inquilinos. 

Además, al arrendador no se le permitió tener ningún contacto directo con los inquilinos, se le exigió contratar a una empresa de administración independiente para sus propiedades y se le exigió pagar daños y multas. 

El acuerdo de junio de 2019 estipuló que Toledano podría estar sujeto a sanciones por violar el acuerdo, incluida la prohibición de participar en el negocio inmobiliario y una sentencia suspendida adicional de $ 7 millones. Mientras continuaba monitoreando a Toledano, la OAG descubrió que estaba violando los términos del acuerdo.