PEPCA asegura sigue ocupando bienes a encartados en operación Coral

“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Indicó, además, que el Ministerio Público pone todo su empeño en llegar a todos los implicados en esta red de lavado.

La complejidad del Caso Coral, derivado de la operación de investigación, lleva al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente.

La medida de coerción la conoce la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, KenyaRomero, quien anunció que dará a conocer su decisión este lunes.

En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Con Cáceres Silvestre está imputada RossyGuzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes. 

También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.