El Quid Pro Quo de siempre

La Ley 86-00 del 26 de septiembre del 2000 establece que los colegios privados no pueden aumentar las tarifas sin la autorización del Ministerio de Educación. La referida ley consigna que las tarifas se revisarán cada tres años o cuando un centro educativo demuestre que ha hecho inversiones a favor del mejoramiento de la educación.

Ese reglamento clasifica a los colegios de acuerdo a la planta física, la profesionalización del personal docente, el equipamiento del plantel para el cobro de las tarifas a los estudiantes, bibliotecas, laboratorios, canchas deportivas, instalaciones sanitarias, material didáctico apropiado a los niveles y grados académicos, seguridad social para los maestros, alumnos, y un sistema de administración.

Si por planta física fuera, muchos colegios no pasaran la prueba requerida en esta ley, sobre todo los que operan en los barrios y zonas marginadas del país donde imparten docencias en cuartuchos de casas mal construidas y sin ninguna supervisión. Sin embargo, operan con normalidad.

¿Se cumple en la práctica con esa normativa? ¿Cumplen las autoridades con la responsabilidad de vigilar a los colegios privados? ¿Por qué persiste esa bochornosa situación? ¿Quién está obstaculizando ese proceso?
Todos los años, esas instituciones, más bien empresas lucrativas, aumentan las tarifas y cambian a su antojo los textos escolares y otras utilidades, obligando a los padres a comprar libros caros impresos por editoras escogidas. Y nadie dice nada, sobre todo el Ministerio de Educación que, al parecer, es cómplice por omisión.

Cada año los gastos escolares oscilan entre 20 mil y 100 mil pesos, dependiendo de la categoría de los colegios. Acabo de invertir 12 mil pesos en la compra de textos escolares para mi hija de 8 años, incluyendo el pago de la inscripción, sin contar el transporte, alimentos, pantalones deportivos, uniforme, y otras necesidades básicas pendientes de resolver. No la inscribo en una escuela pública debido a los actos de violencia que registran ese sector de la enseñanza.

¿Cómo cubrir los gastos del inicio del año escolar sin caer en grandes deudas?, es una de las mayores preocupaciones de los padres de familia de clase media y de escasos recursos.

Para las familias que mandan a sus hijos a las escuelas públicas, estas necesidades están cubiertas, ya que el 70 % de los estudiantes de escuelas públicas (sobre todo de tanda extendida) recibirán uniformes, libros y útiles escolares en un kit en el que el Estado invierte unos 800 millones de pesos, sin contar el desayuno, el almuerzo y la merienda que les ofrecen.

En el caso de los colegios, el panorama es distinto; algunos progenitores toman dinero prestados, a intereses abusivos, otros empeñan prendas y utilidades del hogar, para matricular a sus hijos. Para salir del paso, cambian los textos usados y adquirieren los que necesitan, pues los del nuevo año escolar cuestan más de mil pesos por unidad.

Ninguna autoridad ha tenido las pelotas para controlar a las editoras, que cada cierto tiempo cambian las ediciones de los libros, en complicidad con los colegios privados, que obligan a los padres a comprar los textos en sus mismos centros para ganarse hasta un 40 % del costo de los mismos. Es un asunto de voluntad y de responsabilidad de la clase política gobernante. No estoy diciendo nada nuevo. Es el Quid Pro Quo de siempre.