Acusan a cooperativistas bolivianos de intento de golpe de Estado.

Tras el asesinato del viceministro de Interior y Policía, Rodolfo Illanes Alvarado, quien intentaba conciliar una propuesta negociadora con los cooperativistas mineros en huelga, el presidente Evo Morales y el ministro de Minería de Bolivia, César Navarro calificaron los hechos que condujeron a ese resultado, como un intento de golpe de Estado.

La Paz, 31 ago (PL) El ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, consideró que las recientes movilizaciones de cooperativistas mineros buscaban una confrontación violenta contra el gobierno del presidente Evo Morales, a fin de desestabilizarlo e impulsar un golpe de Estado.

No era una movilización reivindicativa, sino que detrás de los sentimientos de varios cooperativistas mineros, de varios trabajadores cooperativos, había otro tipo de intereses políticos.

Lo que buscaban era un nivel de desestabilización a través de la confrontación violenta donde personas perdieran la vida para asumir una postura de autoflagelamiento y autovictimización con el objetivo de acusar al gobierno, argumentó anoche Navarro en entrevista con la televisora Telesur.

Según el titular, las acciones se correspondían con una actitud premeditada y planificada que buscaba generar un clima de desestabilización, a partir de la confrontación.

Recordó que el gobierno mantuvo abiertas las puertas al diálogo, como lo demostró al responder el 17 de agosto el primer pliego petitorio de 10 puntos.

Sin embargo, contrastó, la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras determinó de todas maneras convocar un bloqueo de caminos 'lo que demuestra que existía una intención de desestabilización política'.

De acuerdo con Navarro, se espera que los cooperativistas mineros tengan la capacidad de rearticularse y entender que las demandas tienen que estar vinculadas a su sector, sin sentido desestabilizador.

La semana pasada, el cooperativismo minero protagonizó enfrentamientos violentos, bloquearon carreteras, usaron dinamita y agredieron a policías y periodistas, como parte de su oposición a la Ley de Cooperativas que ampara la sindicalización de los trabajadores, si bien excluye al sector.

El jueves, hordas de mineros privados tomaron como rehén, asesinaron y torturaron en la localidad de Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, al viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes Alvarado, quien intentaba conciliar una propuesta negociadora con los alzados.

El presidente Evo Morales calificó tales hechos como un intento de golpe de Estado, teniendo en cuenta la virulencia de las protestas, las características del arsenal utilizado, el lugar escogido para los enfrentamientos, la cantidad de dinero incautado en manos de algunos líderes, el papel de los medios de comunicación y la falta de voluntad del sector para dialogar.

Prometió ventilar en días venideros pruebas sobre el patrocinio de planes conspirativos, tanto internos como externos, dirigidos a desestabilizar y derrocar su gobierno mediante un denominado 'golpe suave'.

Autoridades sostienen que el trasfondo de las protestas era obtener mayores beneficios económicos, lograr exenciones fiscales y concretar acuerdos directos con trasnacionales, algo contrario a la Constitución.

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