El ejemplo de Santiago es válido para el país

El reciente acuerdo asumido por unas 200 entidades públicas y privadas de Santiago para trabajar mancomunadamente por el desarrollo turístico de esa provincia, es un evento mucho más  trascendente que lo que expresan los títulos periodísticos.

La iniciativa del liderazgo de Santiago resulta particularmente relevante para el turismo, ya que plantea un cambio radical en la actitud que tradicionalmente han mostrado las comunidades y las instituciones públicas frente al sector más dinámico y de mayor impacto en la economía dominicana.

El manifiesto  “Santiago Destino Turístico”, proclamado durante un acto encabezado  por el ministro de Turismo, Francisco Javier García,  incluye entre sus  promotores a las principales instituciones públicas locales, desde la Gobernación Provincial, hasta los nueve ayuntamientos municipales,  además de los más representativos sectores  sociales, empresariales, comerciales,  académicos, profesionales,  religiosos,  culturales, periodísticos  y del transporte. Se trata de un hecho sin precedente en la historia del turismo dominicano.

A propósito de este manifiesto, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) ha propuesto que la iniciativa sea el punto de partido de un gran acuerdo  que involucre a todos los sectores del Estado y la Sociedad Civil  en un plan de desarrollo turístico de alcance nacional.

Para entender la significación que tiene este paso  de la inteligencia colectiva de Santiago, bastaría recordar que con excepción de Puerto Plata y Sosúa, que con el tiempo han logrado desarrollar una apreciable  empatía entre el liderazgo local y el turismo, la mayoría de las comunidades de reconocida vocación turística del país, siguen siendo escenarios de confrontación entre los  actores de la industria,  sectores  sociales y algunas autoridades.

Entre los ejemplos recientes sobresale  la  cerrada oposición del alcalde de Samaná, Miguel Bezi,  a la construcción de una  terminal para cruceros en esa ciudad, que terminó provocando el retiro de las  líneas de cruceros Royal Caribbean y Norwegian Croise Line; y el prolongado conflicto entre  el alcalde de Cabarete, conocido como Canoa,  y la Asociación para el Desarrollo de ese distrito municipal (ADECA), que culminó con la suspensión de funcionario municipal por  graves cargos de corrupción.

En Punta Cana, el más importante destino del país, el distanciamiento entre las autoridades municipales y la comunidad turística, no es menos significativo. La creación unilateral de impuestos que afectaban a la industria, posteriormente revocados por decisión de un tribunal, es solo uno de los capítulos más conocidos, ya que en algún momento el alcalde de Verón-Punta Cana llegó a proclamar que los turistas solo dejaban basura en esa localidad.

En el caso de la capital, el divorcio  entre el gobierno local y el turismo como proyecto de ciudad, es mucho más acentuado, no solo por los sonados pleitos legales entre el alcalde Roberto Salcedo y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, por la tentativa de establecer impuestos contrarios a la ley, sino por el absoluto desapego  que ha tenido  el cabildo con su responsabilidad de mantener una ciudad limpia, iluminada y  ordenada, con áreas públicas seguras y atractivas y con un sistema de tránsito razonablemente eficiente, como lo ordena la  ley municipal 176-07.