<p>Miguel Vargas en silencio ante supuestos planes de matarlo<br></p>

Santo Domingo.-&nbsp; Mientras
el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) guarda silencio ante
el supuesto plan denunciado por cuatro diputados de su partido de que existe un
plan para matarlo, la Procuraduría General de la República ha dispuesto acoger
la denuncia que le fue presentada este jueves.

Los denunciantes, encabezado
por el ex secretario general del Partido Reformista (PRSC), Víctor Gómez
Casanova, radican su denuncia en una grabación en la que dos voces, de Guido
Gómez Mazara y otra de Leo Adames, hablan de matar al presidente del PRD.

Los diputados acudieron
ante el procurador Radhamés Jiménez Peña, quien instruyó horas después a investigar la
denuncia sobre la supuesta trama para matar al presidente del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hecha por
diputados de esa organización política.

Una trama similar, en la
que estuvo presente el procurador, fue presentada por los gobiernos de Haití y
República Dominicana contra el coronel retirado Pedro Julio Goico, a quien se
le señala como la persona que trama contra el presidente de Haití, Michel
Martelly.

En ambos casos, los
implicados son colaboradores del ex presidente Hipólito Mejía, candidato
opositor a los comicios del 20 de mayo, a quien varias encuestas colocan como
puntero en la intención de los votantes.

La investigación dispuesta
hoy está a cargo de los magistrados Juan Amado Cedano Santana, director
nacional de Persecución del Ministerio Público; José Sepúlveda, procurador
titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Francisco Polanco,
procurador ante esa Corte.

La decisión se produce
luego que los diputados del PRD por el Distrito Nacional y Barahona, Víctor
Gómez Casanova y Aquiles Ledesma, respectivamente, depositaran cerca del
mediodía de hoy una carta dirigida al procurador Radhamés Jiménez Peña, y un
audio donde se habla de la supuesta trama, los cuales fueron recibidos por la
secretaria general del Ministerio Público, Gladys Sánchez, y la procuradora
general adjunta, Ana Burgos.

“Por la gravedad de la
acusación, les ordeno desplegar todos los esfuerzos que fueren necesarios a los
fines de establecer su veracidad para los fines que manda la ley”, expresó el
magistrado Jiménez Peña.