Cierran dos envasadoras de GLP estafaban consumidores

SANTO DOMINGO.-El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, cerró dos envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por operar de modo fraudulento en perjuicio de usuarios del servicio en San Pedro de Macorís.

Las envasadoras clausuradas por inspectores de Calidad de PRO CONSUMIDOR y técnicos de la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (DIGENOR) son Oriente Gas, ubicada en la Autovía del Este y CREDIGAS, que opera frente al Cementerio Municipal del Ingeniero Santa Fé.

Se informó que se dispuso el cierre de Oriente Gas porque de modo infraganti se detectó que sustraía un galón de GLP por cada cinco que compraban los usuarios.

Mientras que a CREDIGAS del municipio Santa Fé le clausuraron dos de sus dispensadores, en razón de que en uno robaban un galón de GLP por cada seis que requeridos por los munícipes y otro de los dispositivos fue cerrado por problemas técnicos.

Con el cierre de las dos envasadoras en San Pedro de Macorís s aumenta a 17 el número de estaciones de GLP clausuradas por técnicos de Pro Consumidor y Digenor durante los últimos 20 meses.

Pro Consumidor anunció recientemente que dispondrá un régimen de multas que implica el pago de hasta 500 salarios mínimos a las establecimientos comerciales, ferreterías, supermercados, colmados y estaciones de plantas de GLP reincidentes en la comisión de fraude en perjuicio de de consumidores y usuarios de servicios.

Inspectores de Calidad de Pro Consumidor, con apoyo de técnicos de DIGENOR y de una representante del Ministerio Público realizan operativos de inspección en distintas localidades del país por lo menos dos veces por semana para evitar la que se cometen fraude en  perjuicio de la población durante la comercialización de determinados productos.

Pro Consumidor informó que actúa por mandado de la Constitución de la República, la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario 358-05, el Código Penal Dominicano y cualquier otra ley adjetiva o norma vinculante destinada a garantizar la protección de los derechos y la defensa de los consumidores y usuarios.